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| | miércoles, 4 de junio de 2008 |
Rechazan las presiones del presidente de la Mancomunidad de la Bahía de Cadiz a la juez que lleva el caso de la perrera El Refugio |
Los Verdes, Agaden y la protectora de animales y plantas Kimba han mostrado su indignación y rechazo ante la denuncia presentada por la juez titular del Juzgado de Primera Instancia número dos de Puerto Real, que instruye el caso de la perrera ‘El Refugio’, por las “presiones” recibidas por parte del presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, Felipe Márquez.
Diario Bahía de Cádiz  Según un reciente auto de esta juez, “en el marco de la investigación penal es dudosamente admisible que el presidente de una Mancomunidad se dirija directamente al titular de un órgano jurisdiccional, poniéndole de relieve los perjuicios que para el servicio público en cuestión supone su decisión y solicitando que se modifique”. Asimismo, no se obvia que “esta instrucción es consciente desde el primer momento del trastorno que supone el cierre cautelar del referido centro” y que “ello ha sido debidamente ponderado en la decisión”.
Sara Martín recuerda en su auto que el socialista Felipe Márquez remitía al juzgado un escrito a finales de noviembre de 2007, y que “no estamos, por ejemplo, ante un informe recabado por el ministerio fiscal de dicha Mancomunidad, sino ante lo que no deja de ser un intento de presión a una autoridad judicial, que va contra el más elemental principio de independencia judicial”.
REACCIONES
Para los colectivos conservacionistas Agaden y Kimba, la actitud demostrada por el presidente de la Mancomunidad “deja muy claro que las preocupaciones del mismo se alejan mucho de la protección animal y refleja el hecho de que en ningún momento ha sido conciente de la situación por la que se ha decretado el cierre cautelar de la perrera ‘El Refugio’”.
De la misma manera, dichos colectivos afirman que no se puede tolerar el hecho de que los políticos “se inmiscuyan en el poder judicial” mostrando su repulsa a este tipo de actuaciones.
En este sentido, tanto Agaden como la protectora de animales y plantas Kimba muestran su apoyo a la labor ejercida por la jueza del Juzgado de Primera Instancia número dos de Puerto Real, a la vez que aplauden la actitud de valentía mostrada por la denuncia de los hechos.
De forma parecida se expresa Los Verdes en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, donde se muestra indignación y repulsa por la “injusta” presión, actitud “antidemocrática” y “cortijera”, del presidente de la Mancomunidad en este caso “al extralimitarse en las labores que en todo estado de derecho corresponde al poder público político que representa”, al tiempo que se apela a la valentía de la Jueza para que, como indica en sus comunicaciones, “proceda hasta las últimas consecuencias y someta las presiones recibidas a las más altas instancias del poder judicial en orden a salvaguardar, conforme corresponde en todo estado de derecho, el principio de independencia judicial”.
Para la formación ecologista, “resulta, cuanto menos, indignante democráticamente que todo un presidente de mancomunidad se dedique a presionar indebidamente a otras autoridades en el ejercicio de funciones que son del más alto nivel constitucional”.
“Desprecia con su actitud Felipe Márquez la dinámica normal de todo estado de derecho en la persecución de los delitos que violan bienes jurídicos tan importantes como el derecho a la vida de cualquier ser, el no sufrir maltrato de tipo alguno, etc.”, añade Los Verdes.
Precisamente pocos días antes de la carta del actual presidente de institución supramunicipal, esta juez, en un auto novedoso, ordenaba el cierre cautelar de la perrera en la que se han denunciado presuntos malos tratos a animales, e inhabilitaba para la profesión y tenencia de animales al veterinario titular. Los hechos que han llevado al cierre de ‘El Refugio’ y la imputación del personal de la misma constituyen un delito de atentado contra la vida de un ser vivo, hecho tipificado en el Código Penal. Es la primera vez en España que se cierra de forma cautelar una perrera.
Mientras los ayuntamientos de la comarca que trabajaban con este centro, buscan una nueva gestión del servicio de recogida de animales abandonados, tarea que se ha encomendado a la Mancomunidad.
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